La naturaleza frente al cemento y el hormigón
- Selene Prieto y Chantal Reyes, Bilbao
- 15 dic 2015
- 3 Min. de lectura
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Iturribarri, un pequeño rincón de Algorta, vive durante estos días sumido en un conflicto de intereses públicos y privados que ha llevado a la calle a los vecinos getxotarras para reivindicar sus derechos como ciudadanos. El conocido como ‘barrio de la Humedad’ se ha declarado en guerra contra el Ayuntamiento y la empresa constructora BYCAM. Ambos quieren desarrollar un proyecto urbanístico que se llevará por delante una serie de huertos urbanos que durante décadas han pintado de verde el barrio.
La empresa prevé construir casi medio millar de pisos, de los cuales 352 serán libres y 223 de protección pública, que supondrán una gran oportunidad para los jóvenes del barrio y alrededores que buscan independizarse. Pero, para llevar a cabo este proyecto, primero es necesario que desaparezcan las numerosas parcelas, huertos y viviendas (algunas de ellas deshabitadas) que se interponen en el camino de esta gran obra.
El problema surge en torno a la titularidad de las parcelas. Habría que plantearse si estos terrenos públicos han pasado a ser propiedad de los vecinos que los han explotado durante años o si, por el contrario, los ‘propietarios’ no tienen ningún derecho sobre ellos. En este último caso la solución parece clara: no puedes reclamar algo que nunca ha sido tuyo por derecho. No obstante, eso no exime a los promotores del proyecto de actuar diligentemente y de tener en consideración los daños sentimentales que puedan causar sus acciones. Avisar dos días antes del derribo de una finca no es tiempo suficiente para recoger las pertenencias de toda una vida.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto estaba previsto desde hace muchos años, que posee todas las licencias exigidas por ley y que pretende servir al interés general, el malestar de los vecinos ha llegado a tal punto que, hace varias semanas, se produjo un incidente lamentable. Durante la noche del 15 de octubre varios individuos prendieron fuego a una excavadora que, horas antes, había derribado un caserío centenario frente a la impotente mirada de los vecinos. Este episodio es un caso aislado del que no se pueden sacar conclusiones generales porque los vecinos siempre han mostrado sus reivindicaciones de manera pacífica.
El proyecto alterará por completo el mapa urbanístico de Getxo y su entorno rural, y por ello también los partidos políticos se han sumado a la protesta vecinal. EH Bildu y la Plataforma Guk Getxo, que aglutina a partidos como Podemos, Esker Anitza, Equo, junto con varias asociaciones de vecinos getxotarras, ya han manifestado su intención de llevar el asunto hasta los tribunales. El objetivo es llegar a la Fiscalía de Medio Ambiente para denunciar que el Ayuntamiento no ha realizado un estudio sobre el impacto medioambiental que tendrá el proyecto urbanístico en el entorno.
La solución a este conflicto tiene que surgir del diálogo entre los vecinos, que son los más afectados, y el Ayuntamiento, que debería velar por los intereses de los ciudadanos. No es cuestión de no edificar, sino de hacerlo respetando el entorno y los espacios verdes. Aunque no estaría de más considerar otras posibilidades y alternativas a los modelos de las grandes ciudades que fomenten las actividades agrícolas y estén en armonía con la naturaleza.
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